Tensión en las fronteras de Colombia como efecto de su conflicto interno (página 2)

PLANES REGIONALES
EN LATINOAMÉRICA Y CAMBIOS EN EL DISPOSITIVO
MILITAR

La nueva agenda de seguridad de
los Estados Unidos,
el narcotráfico y el terrorismo
internacional, han generado nuevos planes en América
Latina, que pasan estratégicamente por Colombia y que
alteran las relaciones inter fronterizas entre los Estados
considerados en esos planes.

El Plan
Colombia: fue publicitado por Washington y Bogotá a
finales de la década de 1.990 como "un Plan Integral
para el Fortalecimiento del Estado, la
Democracia,
los Derechos
Humanos y la Paz de Colombia", pero luego su verdadera
metamorfosis lo llevó a mostrarse como la
solución militar del complejo conflicto
socio-político-militar de este País. Y es que
este plan da prioridad y asigna mayores recursos a su
componente militar, cuyas aristas llegan al puerto ecuatoriano
de Manta a través de tres componentes: 1- la
transferencia de tecnología de punta, 2- la inteligencia
electrónica y el rastreo satelital, que
posibilitarían el éxito
del nuevo instrumento con miras a garantizar la
hegemonía de Estados Unidos en Suramérica, 3- la
reconversión política y militar
latinoamericana hacia la "lucha antidrogas" y a las
concepciones estratégicas del antiterrorismo para
neutralizar las llamadas "nuevas amenazas internas" (SALAZAR:
2.002, 11).

El Plan Puebla Panamá: Lanzado desde México en 2.001 como la solución a
problemas
endémicos de ocho estados mexicanos y siete
países centroamericanos, mediante la
implementación de grandes iniciativas económicas,
después de seis años nada en concreto
puede mostrar. A Colombia se le prometió que
podría incorporarse como miembro asociado al PPP hasta
después de junio del 2.005, cuando se cumplieran cuatro
años del mecanismo regional, y mientras tanto
participaría como observador. En calidad de tal,
Colombia podrá proponer temas y discutirlos con los ocho
países fundadores del PPP, sin embargo, hasta que sea
miembro asociado podrá tener derecho a voz y voto,
explicó Taylor,
coordinador del PPP durante un seminario sobre
el plan. Estas fueron algunas de sus declaraciones:

El Plan Puebla Panamá tiene la
limitación de que no va a tener asociados sino hasta
después del 15 de junio del 2.005, cuando cumple
cuatro años. Entonces, el tiempo
más cercano para Colombia sería en ese cuarto
aniversario para que él o cualquier otro país
pueda tener calidad de asociado, añadió. El PPP
estipula tres figuras para los países miembros:
observador, asociado y fundador. Esta última figura
sólo la pueden tener las naciones que iniciaron el
mecanismo: México, Belize, Nicaragua, Panamá,
Honduras, Costa Rica,
Guatemala
y El Salvador (BID: 2.002)

Efectivamente, en el 2.007, Colombia pasó a ser
miembro asociado del Plan Puebla Panamá pero la primera
referencia pública de la intención de Colombia
para ingresar al mismo fue hecha por el presidente
Álvaro Uribe Vélez en el marco de una visita a
México el 30 de mayo de 2.004, sin embargo la
cancillería colombiana ya había notificado a los
miembros del plan, su interés
de participar. La comisión ejecutiva del PPP
había sugerido a las cancillerías de los
países miembros incorporar a Colombia como observador,
las cuales tendrán la decisión final.

Es paradójico que se acepte el ingreso de este
nuevo socio al PPP cuando precisamente uno de los argumentos
del mismo consiste en negar a Colombia y Venezuela
las posibilidades de incidir económicamente en la
región de acuerdo con la misión y
visión del plan. El presidente Álvaro Uribe
Vélez había anunciado que de ser aprobado su
ingreso al PPP, Colombia iniciaría obras de
infraestructura para unir a Centroamérica con
Suramérica. El tramo del Darién en límites
con Panamá es la única parte de carretera que
falta construir para completar la Vía Panamericana, el
cual no se ha podido ejecutar por diferentes problemas entre
los que se pueden mencionar, falta de recursos, el conflicto
armado interno en Colombia, pues la zona es teatro de
operaciones
entre bandas de narcotraficantes, de las FARC y las
Autodefensas Unidas de Colombia, además del
desinterés de los inversionistas por las razones
anteriores, entre otras.

El primer proyecto
sería la construcción de una carretera que una
Colombia con Panamá, por un sitio diferente al
tapón del Darién y una línea de
interconexión eléctrica. También
buscaría un acuerdo con Venezuela para construir desde
ese país y hasta Panamá un gasoducto, el cual se
firmó efectivamente después de una visita que el
mandatario colombiano hiciera a principios de
julio de 2.004 a Venezuela y en la que el presidente Hugo
Rafael Chávez Frías estuvo de acuerdo,
posiblemente, por su intención de exportar hidrocarburos hacia el lejano oriente por el
Océano Pacífico. Taylor afirmó que el Plan
Puebla Panamá "está vivo" y avanza, aunque
reconoció que ha faltado una estrategia para
dar a conocer entre la gente los beneficios y lo que se ha
hecho. Aseguro también que en México se
iniciará una campaña de difusión en
radio y
televisión para informar sobre el PPP.
Muchos críticos, entre los que se cuenta quien esto
escribe, aseguran que el PPP nació muerto por falta de
recursos económicos y de capital
político (CADENA: 2.005).

Iniciativa Regional Andina:
Hipotéticamente es una extensión del Plan
Colombia, que incluye aspectos militares y comerciales
dirigidos a siete países de América del Sur. Fue activado en el
año 2.001 con del financiamiento de Estados Unidos y abarca
Colombia, Ecuador,
Venezuela, Bolivia y
Perú (denominados países Bolivarianos en honor al
Libertador Simón Bolívar), Brasil y
Panamá. Es conveniente aclarar que Venezuela se
negó desde el año 1.999 a que su espacio
aéreo fuera utilizado por aviones plataforma para tareas
de guerra
electrónica e interdicción con el pretexto de
luchar contra las bandas de narcotraficantes. De igual forma,
el gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela exigió a los
Estados Unidos el retiro de su misión
militar acantonada en el Fuerte Tiuna, un complejo militar
ubicado en Caracas, en el cual habían permanecido por
varias décadas. Por este motivo las relaciones entre
Estados Unidos y la República Bolivariana de Venezuela
se encuentran deterioradas en el aspecto político,
más no en el comercial. El Departamento de Estado de los
Estados Unidos de América, en su página
web define así la Iniciativa Regional
Andina:

La región Andina representa un reto
significante y una oportunidad para la política
exterior de los Estados Unidos en los próximos
años. Dentro de la región se están
enfrentando intereses nacionales importantes para los Estados
Unidos. La democracia esta bajo presión en todos los países de
los Andes. El desarrollo
económico es lento y el progreso hacia la
liberalización es inconsistente. Los Andes
continúan produciendo virtualmente toda la cocaína del mundo y han incrementado
las cantidades de heroína, por lo tanto representan un
reto directo a nuestra salud
pública y seguridad nacional. Todos estos
problemas están interrelacionados. Los problemas de la
región necesitan ser considerados comprensivamente
para el avance de los intereses de los Estados Unidos en sus
relaciones exteriores dentro de la región.

La Administración esta proponiendo una
iniciativa para proveer asistencia a los países
Andinos. El presupuesto requerido por la
Administración para el año fiscal
2.002 es de $882 millones de dólares para el
financiamiento de asuntos internacionales para programas
contra el narcotráfico, construcción de
instituciones democráticas, y
asistencia para el desarrollo
en los siete países incluidos en la iniciativa:
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá,
Perú, y Venezuela. En contraste al último
año de suministros al Plan Colombia, menos de la mitad
de la asistencia será para Colombia y solamente el 50
por ciento será para el fortalecimiento de la ley y
asistencia en seguridad. Hemos informado esta iniciativa en
términos generales a los otros países donantes
y a las naciones receptoras, y ha sido bien recibida. Hemos
empezado consultas con el Congreso en lo concerniente con
nuestra presentación del presupuesto de la Administración. Quizás la
contribución más grande a corto plazo para el
crecimiento
económico y la prosperidad en los Andes seria la
renovación del Tratado de Comercio
de Preferencia Andina (ATPA) y expansión de sus
beneficios. Nosotros creemos que la renovación del
ATPA es una parte integral de la Iniciativa Andina. La
legislación fue originalmente promulgada para proveer
alternativas económicas al narcotráfico en
Bolivia, Perú, Ecuador, y Colombia, y ha sido exitosa
hasta ahora. (Departamento de Estado EE.UU: 2.001 original en
inglés).

LAS CINCO FRONTERAS
POROSAS DE COLOMBIA

Además de los continuos conflictos
fronterizos, el secuestro de 12
ciudadanos extranjeros en 1.999 en Tarapoa, población ecuatoriana limítrofe
con Colombia, disparó las alarmas en ese país y
en los vecinos y dejó claro que la militarización
intensiva no es la solución a los viejos problemas
relacionados con inseguridad
fronteriza. En años anteriores, el gobierno de Ecuador
había ordenado a sus jefes militares en repetidas
oportunidades el despliegue inmediato de tropas en sectores
limítrofes con Colombia para repeler ataques y
secuestros por parte de grupos de la
guerrilla colombiana en zona de frontera. En
el caso de los 12 secuestrados, fueron las FARC las
responsables del ilícito y la reacción de los
vecinos de Colombia no se hizo esperar. Brasil y Perú
enviaron más de 5.000 soldados a la frontera con su
vecino común. A raíz de ese acontecimiento,
efectivos de la Guardia Nacional panameña ocuparon las
selvas del Darién, incluso la presidenta de ese
país, Mireya Moscoso, visito la línea fronteriza
y la recorrió con algunos de sus
colaboradores.

Problemas en la Frontera
Colombo-Venezolana

Esta franja fronteriza se define por la
extensión territorial de 2.219 kilómetros que
sirve de límite entre 7 departamentos (Guajira, Norte de
Santander, Santander, Boyacá, Arauca, Vaupés y
Guainía) y cuarenta y tres municipios en Colombia y
cuatro estados (Zulia, Táchira, Apure y Amazonas) y
veinte municipios en Venezuela. Definitivamente es la frontera
más conflictiva en la región.

Cuando del análisis de conflictos fronterizos se
trata, es importante considerar en primer lugar los aspectos
culturales, antropológicos, etnográficos,
sociológicos y los procesos
históricos y políticos que han dado lugar a la
conformación del Estado. En el pasado, en América
del Sur, la regla general era que el poder
estatal no alcanzaba a llegar a las zonas fronterizas de los
territorios nacionales y las fronteras fueron fijadas por el
famoso Uti Possidetis de 1.810 que dio origen a conflictos y
desacuerdos político-fronterizos en los dos siglos
anteriores, inclusive llegó a modificar el mapa
político del continente, aunque no alcanzó a
afectar la vida de los pueblos en forma vital y
permanente.

No se entendía y parece que aún hoy no
se entiende que la frontera es el producto del
movimiento
del poder estatal, en contraste con un límite natural
que es a la vez una zona de contacto de una región
natural con otra. El
Estado-Nación se caracterizó y
simbolizó simultáneamente por un territorio, una
historia, una
sociedad,
una moneda, una cultura,
etc. Sin embargo, como producto de la
globalización, la formulación e instrumentación de proyectos
nacionales están siendo condicionados por nuevas
determinaciones externas. Esta situación provoca que la
soberanía de las naciones esté
cada vez más acotada y condicionada, sobre todo en
aquellos países cuyos gobiernos manifiestan una
situación de debilidad para defender ciertos intereses
nacionales frente a agentes, instituciones y organizaciones
de carácter internacional. (GASCA:
2002).

La frontera colombo-venezolana ha sido objeto de
estudio de numerosos tratadistas e historiadores por la serie
de problemas que en ella se han generado y que han repercutido
en las relaciones bilaterales de los dos países; para
abordar esta situación, los diferentes gobiernos han
designado misiones diplomáticas destinadas a desarrollar
la compleja situación que se presenta a lo largo de la
línea fronteriza, agravada por delitos
conexos con la emigración ilegal que se suele practicar
por parte de ciudadanos de los dos países. Se puede
decir que a lo largo de esa frontera existe un ambiente de
seguridad vulnerable que ha impedido el desarrollo y la
integración. A raíz de estos
problemas, los dos países hermanos han contemplado en
sus planes estratégicos, hipótesis de guerra con alternativas de
ataque y defensa.

La permanente tensión fronteriza se refleja en
la densa hemerografía que se alimenta diariamente con
las informaciones en el ámbito de las declaraciones de
autoridades que tienen que ver con lo que allí sucede y
por eso no resulta difícil obtener abundante información con detalles y planteamientos
del problema despertando gran interés entre quienes
desean conocer esta circunstancia geopolítica de dos países con una
historia enraizada en el mismo proceso de
la independencia, pregoneros del pensamiento
bolivariano, practicantes de una sola cultura, víctimas
de una violenta colonización y hermanos en la pobreza
incrementada por luchas políticas y gobernantes inescrupulosos de
corte caudillista que con intenciones chauvinistas despertaron
falsos sentimientos de patriotismo en décadas
anteriores. Pese a tantas cosas en común, no ha sido
posible un desarrollo rural y fronterizo sustentable para una
convivencia pacífica y por el contrario, estas zonas
generalmente son las más deprimidas por inasistencia
estatal.

Teóricamente el desarrollo rural fronterizo se
fundamenta en tres ejes a saber: 1- satisfacción de las
necesidades básicas de la población y cubrimiento
de las necesidades insatisfechas de los pobres del mundo 2-
potenciamiento de la capacidad de la esfera de vida para
absorber los efectos de las actividades humanas, así
como previsión del impacto sobre los recursos del
ambiente 3- consideración que los límites del
desarrollo están dados por el estado actual de la
organización tecnológica y social
(FAO/CONAZA/SEDESOL: 1994). Ninguna de estas condiciones se ha
dado en esta extensa y problemática frontera y por el
contrario, allí reina la violencia,
la pobreza, la
ignorancia y los daños ambientales.

Se mencionan en este artículo algunas de las
variables
más críticas en esa relación que ha tenido
sus vaivenes y momentos álgidos, pero que aún
subsisten a pesar de las aparentes buenas intenciones que
subyacen en la sociedad civil
de esas regiones, más que en las autoridades de ambos
Estados. Es un tema complicado en el que intervienen numerosos
factores que en razón del espacio editorial no es
posible tratar en extenso y en tal virtud se plantearán
los problemas más frecuentes y algunas
características de esta singular relación de dos
países hermanos inmersos en un diferendo generado por lo
que se ha llamado una frontera conflictiva que requiere
no solamente de un diagnóstico cuidadoso, sino de soluciones
que satisfagan las pretensiones de los involucrados en el
problema y den inicio a un proceso de entendimiento profundo y
provechoso, teniendo como base la diplomacia, el diálogo, el sentido común y el
derecho
internacional.

Características de la Región
Fronteriza:

La región fronteriza colombo-venezolana se ha
caracterizado por la ausencia significativa del Estado, notoria
a simple vista por deficientes y en algunos casos inexistentes
servicios de
salud, educación, recreación, infraestructura, entre otros,
fuerte militarización y la reiterada y
sistemática violación de los derechos humanos a la
población que habita en esta región. En los
últimos años, la tensión se ha
incrementado por el fenómeno del narcotráfico que
dejó de ser un problema exclusivo de Colombia para
afectar a toda la región latinoamericana. En las
montañas limítrofes se siembra coca y amapola y
se realiza el proceso completo desde la siembra hasta la
exportación, con participación de
ciudadanos de los dos países, amparados por la violencia
de los grupos armados delincuenciales a los que me
referiré con algún detalle.

La seguridad fronteriza teóricamente ha sido
una cuestión de Estado para Venezuela y Colombia; sin
embargo desde hace dos décadas, (escribo en 2.007) por
las consecuencias negativas que las acciones de
grupos guerrilleros, paramilitares y de la delincuencia
común generan, al desplazarse desde territorio
colombiano hasta territorio venezolano y viceversa, han
despertado mayor interés en Venezuela. A tal punto
llegó la tensión que algunas autoridades
venezolanas encargadas del control e
ingreso de extranjeros, identificaban la nacionalidad
colombiana como sinónimo de guerrilla, tráfico de
drogas o
secuestro y tendían a verlos como enemigos y a
atribuirles la responsabilidad de sus desdichas, en una
evidente expresión de xenofobia.
Las incursiones de guerrilla y paramilitares colombianos han
servido de justificación para que distintas autoridades
detengan y maltraten en oportunidades a los habitantes de esta
zona, acusándolos de pertenecer a esos grupos o de
colaborar con ellos. Las comunidades indígenas han sido
las víctimas más frecuentes de la acción policial o militar.

Antecedentes Históricos:

Nada parece provocar más controversia entre los
científicos sociales, y particularmente entre los
geógrafos, que
la definición de región fronteriza. El dilema
consiste en conciliar la heterogeneidad de un área tan
vasta con el denominador común que representa la
vecindad con otras culturas.

Los problemas fronterizos entre Venezuela y Colombia
se iniciaron inmediatamente después de haberse consumado
la desintegración de la Gran Colombia, cuyo proceso
histórico va desde el año 1.833 hasta 1.941 lapso
en el que se firmaron tratados de
amistad,
alianza comercial, límites y navegación entre los
presidentes de
Venezuela y Colombia. A raíz de la firma de los
mismos comenzaron a surgir descontentos en la zona fronteriza
por parte de los dos países, provenientes de la
demarcación de fronteras, debido a que en estos
convenios según algunos venezolanos, su país
estaba perdiendo la soberanía que tenía en
importantes áreas en la península de la Guajira,
en el Zulia y en el Táchira. Todas estas discrepancias
fueron dirimidas mediante el Tratado de Límites entre
Venezuela y Colombia, firmado el 05 de abril de 1.941. No
obstante la firma de ese Tratado, en las últimas
décadas han surgido nuevos problemas, los cuales pueden
clasificarse fundamentalmente en tres aspectos:
geográficos, socioeconómicos,
político-culturales.

Los problemas de orden
geográfico: algunos teóricos venezolanos
argumentan que se deben a la artificialidad de la frontera,
pues según ellos, no está determinada en muchos
tramos por accidentes
geográficos, sino por líneas establecidas
mediante cálculos de latitud y longitud; a esto se le
suma la inestabilidad de la línea de demarcación,
como es el caso de algunos ríos que alteran su curso
constantemente. Desconocen quienes así piensan que las
fronteras son básicamente de dos tipos: naturales y
artificiales y que dependiendo de los arreglos debidamente
firmados por representantes de los gobiernos, tienen validez
ante la comunidad
internacional (LÓPEZ: 1.999).

La extensa frontera terrestre colombo-venezolana,
constituye un eje amplio y de geografía heterogénea, por
ejemplo, la zona norte o de la Guajira, es plana y
básicamente desértica, no obstante en otras zonas
pueden encontrarse selvas y montañas muy pronunciadas,
como las del Catatumbo, así como grandes ríos
entre los cuales están el Arauca y el Orinoco en pleno
límite. Gran parte de los caudales hídricos que
surten a Venezuela tienen origen en las cuencas colombianas,
pues este país tiene páramos como pocos en el
mundo, los cuales comúnmente son llamados
fábricas de agua,
por asuntos relacionados con el fenómeno de la
evapotranspiración.

Los problemas de orden
socioeconómico: el principal ha sido el contrabando,
que en décadas anteriores se debió principalmente
a la diferencia del poder adquisitivo de las monedas de los dos
países. El Bolívar venezolano tenía mayor
valor que el
peso colombiano, en consecuencia el contrabando se realizaba
desde Colombia hacia Venezuela, a través de la Depresión del Zulia y del Río
Orinoco. Esta actividad beneficiaba el comercio informal de
algunas ciudades colombianas como Maicao, Cúcuta, Arauca
y Puerto Carreño. Hoy en día (2.007) la
situación funciona a la inversa porque la moneda de
Venezuela se encuentra por debajo de la colombiana. La gasolina
venezolana es de bajo costo y por
lo tanto el contrabando de ese combustible ha sido permanente
hacia Colombia, transformándose en una fuente de
empleo
informal para miles de personas que por física necesidad,
acogieron esa actividad como una forma de vida.

Los niveles y expectativas económicas son
desiguales a lo largo de la frontera colombo-venezolana.
Mientras por un lado existen zonas que carecen de los
más elementales servicios, como la Guajira venezolana y
el Arauca colombiano, en cambio otras
localidades desarrollan tareas de gran proyección
económica, como la actividad petrolera en los municipios
Venezolanos de Jesús Enrique Losada, Rosario de
Perijá, Catatumbo y la actividad comercial y
turística en el eje Cúcuta-San
Antonio-San Cristóbal. Esta desigualdad
económica genera problemas
sociales relacionados estrechamente con la calidad de
vida de los habitantes de la región pues las
regalías en uno y otro país se han manejado
localmente sin que haya solidaridad de
carácter regional, nacional y menos internacional. Hasta
comienzos de la década del 2.000 el Estado venezolano ha
logrado incidir en las administraciones locales para que, con
carácter solidario inviertan en proyectos de gran
impacto social.

Desde hace varios años, Venezuela ha construido
carreteras de primera categoría en los límites
fronterizos mientras Colombia carece de vías suficientes
que puedan generar desarrollo y bienestar en su territorio. La
diferencia es marcada a favor de Venezuela en ese aspecto como
complemento a su dispositivo militar fronterizo. Ese
país ha implantado los Teatros de Operaciones, que
actúan con base en grandes guarniciones compuestas
básicamente por fuerzas terrestres, aéreas y
fluviales o navales.

Gran importancia ha dado Venezuela a la
protección de sus Parques Naturales en la frontera
mientras Colombia apenas hace presencia en los suyos. La
situación es de tal magnitud, que para llegar al Parque
Nacional Natural El Tuparro, es más conveniente entrar
por Venezuela. Los incendios en
este parque han alcanzado hasta 40.000 hectáreas en
tiempo de sequía sin que el Estado colombiano haya sido
capaz de sofocarlos; allí las guerrillas de las FARC han
establecido uno de sus santuarios desde hace décadas.
Recordando al geógrafo colombiano Ernesto Guhl, bien
vale la pena decir que "Un Estado no es imaginable sin una base
espacio territorial y son el poder político y militar
estatales los que determinan el dominio
territorial del mismo, fijando sus fronteras como una realidad
política" (GUHL: 1.991). Pues bien, en esta zona no ha
existido dominio territorial, haciéndose realidad
aquella máxima que dice que "un espacio no controlado
por el Estado al que pertenece, es ocupado por otro" (CADENA:
2.002).

Para los venezolanos, su infraestructura vial en el
occidente permite un desplazamiento ágil de tropas de
superficie. Además, sus bases navales y aéreas
garantizan la movilidad en la región. Igualmente,
monitorea la frontera con radares y tecnología de punta.
Pese a esto, la porosidad de esa extensa frontera permite la
generación de problemas relacionados con el viejo
concepto de
la soberanía nacional. Así las cosas, la
tranquilidad de la región y la integración
latinoamericana están ligadas a la solución del
conflicto interno colombiano, por las vías del
diálogo, que aun no se presenta porque a pesar del
dispositivo militar gigantesco, las operaciones irregulares de
grupos armados delincuenciales logran romper los cercos y
cumplir sus objetivos.

En décadas pasadas, muchos colombianos
emigraron hacia Venezuela en búsqueda de trabajo en
razón de las buenas condiciones económicas del
vecino por la bonanza petrolera; ellos contribuyeron sobre todo
en las labores del campo y en la dirección de algunas empresas, pues
no fueron pocos los cerebros fugados que dejaron su país
ante ofrecimientos de salarios
difíciles de percibir en Colombia. Sin embargo, la
situación social para estas personas se volvió
difícil, pues su salario
generalmente fue más bajo que el corriente y no eran
sujetos de seguridad
social. Su situación de migrantes ilegales los
convertía en ciudadanos de tercera categoría y
fueron muchas las ocasiones de las deportaciones masivas
después de detenciones y malos tratos, perpetrados en el
pasado por la temible Guardia Nacional. Algunos de estos
colombianos que habían emigrado desde la segunda mitad
del siglo XX, apenas resolvieron su situación gracias a
las políticas del gobierno de Hugo
Chávez que ha ofrecido soluciones tangibles. Ahora,
una buena parte de ellos son ciudadanos venezolanos y datos sin
confirmar dan cuenta de cuatro millones de colombianos que
forman parte del Movimiento Bolivariano que apoya a
Chávez en sus iniciativas políticas y
sociales.

Los problemas de orden
político-cultural: están representados
principalmente por la división del Pueblo Guajiro
que se desplaza indistintamente en cualquiera de los dos
países en búsqueda de recursos para sus
subsistencia y cuya mayoría tiene doble nacionalidad; y los indocumentados que
representaron el mayor inconveniente socio-económico en
la región ya que la mayoría pertenecían a
la condición social más baja de los dos
países y en ella se agrupaban algunos extranjeros de
trabajo itinerante, dedicados a las labores agrícolas, a
los servicios domésticos, al comercio informal entre
otros. Los malos tratos a que han sido sometidos ciudadanos de
los dos países, han causado malestar en la zona de
frontera que se traduce en reclamos para que los Estados hagan
presencia efectiva e impidan las violaciones territoriales y
principalmente de los derechos humanos de sus ciudadanos. Por
tradición los estados con democracias en etapa de
consolidación asumen que la presencia estatal se
resuelve con la acción policial o las operaciones
militares episódicas, dejando de lado las soluciones de
índole socioeconómica.

La zona fronteriza colombo-venezolana permanece en
constante tensión política, por los problemas de
delimitación pendientes entre las dos naciones y por la
delicada situación que enfrenta el gobierno Colombiano
con la guerrilla desde hace más de cincuenta
años, con repercusiones en ambos lados de dicha
frontera. Generalmente en Venezuela en décadas pasadas,
algunos gobernantes trataron de despertar el falso nacionalismo, más conocido como
patrioterismo para disfrazar anómalas situaciones
políticas, sociales o económicas internas. La
historia de estos dos países está llena de
reclamos, escaramuzas, conflictos y alertas de ataque y
defensa. En las hipótesis de
guerra de los dos países hermanos, la prioridad siempre
ha sido su vecino y en ocasiones las tropas han tomado
posición en el terreno en espera del día "D". Los
dispositivos de las Fuerzas Militares de los dos países,
están montados y sufren reajustes continuamente
dependiendo de las informaciones de inteligencia sobre cambios
en la situación del hipotético
oponente.

Es normal que en zonas de frontera de la Guajira
especialmente, los pobladores sintonicen estaciones de radio y
de televisión de Venezuela,
sometiéndose inconscientemente a procesos de
aculturación. Tal vez en Colombia no se tenga claro que
una de las principales formas de ejercer soberanía, es
mediante el uso del espectro radioeléctrico. En la
frontera del departamento Norte de Santander, tradicionalmente
muchos niños
venezolanos asistían a clases en escuelas colombianas
por comodidad y distancias. Es posible que con las nuevas
políticas generadas por el actual gobierno de Venezuela
y sus misiones para mejorar la
educación, esa situación esté
cambiando. Otro Problema que también caracteriza la zona
fronteriza es la presencia de enfermedades de alto
riesgo que
suelen propagarse en los dos lados de la frontera.

Por fortuna el Gobierno actual de la república
Bolivariana de Venezuela, ha mostrado marcado interés en
la solución racional del diferendo; en 1.995 el
precandidato a la presidencia Hugo Rafael Chávez
Frías dijo textualmente a quien esto escribe: "el
problema de la demarcación marina debemos solucionarlo
como hermanos y si es necesario, explotaremos las riquezas
entre los dos países, pero debemos acabar las
escaramuzas que nada bueno han dejado". En esta época
(2.007) lo escucho decir lo mismo en su programa
Aló Presidente. Es conveniente entonces que Colombia
adopte una posición semejante con miras a dar por
terminado este diferendo que se ha constituido en un motivo de
discordia y de conflicto en una de las más importantes
fronteras de América Latina–

Relaciones Bilaterales
Colombo-Venezolanas:

Las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela
han abarcado, entre otros, aspectos muy importantes como la
integración, el intercambio comercial, el desarrollo
fronterizo, la seguridad, la cooperación judicial, la
lucha contra el tráfico ilícito de drogas y
delitos conexos, la problemática de la doble
nacionalidad y la migración ilegal. Estas relaciones
presentan características muy particulares y poco
usuales entre los países de la región, debido a
la gran diversidad de factores que las mismas involucran y por
constituir su frontera de 2.219 kilómetros, una de las
más extensas y activas del hemisferio.

En los últimos años, estas relaciones se
han visto seriamente perturbadas por la agresión
violenta de grupos armados que operan impunemente en zonas
limítrofes. Venezuela vive de manera continua acciones
delictivas de grupos que pertenecen al narcotráfico, la
guerrilla, los paramilitares, la delincuencia y el
bandolerismo, que desafían permanentemente el
entendimiento civilizado y la convivencia pacífica en la
frontera de dos países vecinos, y violentan el
desarrollo y la vida cotidiana de sus habitantes. Generalmente,
estas actividades delincuenciales constituyen motivo de
retaliación pero no contra los causantes y sí en
contra de humildes campesinos que habitan la región y
que se encuentran por lo menos entre dos fuegos. Por desgracia,
mientras la prensa muestra
evidencias
de los vejámenes y atiza los falsos nacionalismos, los
altos funcionarios de los dos Estados, niegan la realidad o
hacen acusaciones en términos extra diplomáticos,
asumiendo la posición de víctimas.

Acuerdos bilaterales:

Los Gobiernos de Venezuela y Colombia en diferentes
oportunidades y con el fin de buscar soluciones a los asuntos
pendientes, decidieron que serían objeto fundamental del
dialogo
político bilateral algunos temas preseleccionados. En
tiempos recientes y en virtud de ese interés, en
reuniones permanentes firmaron el acta de San Pedro Alejandrino
el 06 de marzo de 1.990, en donde definieron como asuntos
prioritarios de su relación bilateral, las cuencas
hidrográficas y los ríos internacionales,
demarcación de fronteras terrestres, delimitación
de áreas marinas y submarinas, las migraciones, el
transporte
internacional, la utilización de los recursos
naturales que se encuentran en la frontera, y la
cooperación y asistencia mutua en casos de
catástrofe y calamidad.

En los últimos ocho años desde la
llegada al poder de Hugo Chávez, las guerrillas
colombianas han tratado de influir en las relaciones
políticas de los dos países, pregonando una gran
admiración y estrecha amistad con el mandatario
venezolano y aunque no han logrado su cometido como parte de su
estrategia contra el gobierno colombiano, no han sido pocos los
incidentes en los que las cancillerías de los dos
países han tenido que salir a desmentir versiones que la
prensa amarillista que, más de mala que de buena fe,
reproduce en forma irresponsable. Los paramilitares
también han puesto su cuota dañina en estas
relaciones y han perpetrado acciones delictivas comprobadas,
llegando incluso a incursionar en Caracas como parte de un
diabólico plan de la oposición venezolana de
desestabilizar su propio país. En los días que
este artículo escribo, el Presidente Hugo Rafael
Chávez Frías, propició el indulto de un
grupo de
paramilitares colombianos que habían sido apresados como
responsables de un intento de apoyo armado a la
oposición venezolana.

Causas de Tensión Fronteriza:

Además del inconformismo por la
delimitación de áreas marinas, la frontera
colombo-venezolana es desde hace varios años un foco de
tensión bilateral y de violencia, materializada al
penetrar grupos rebeldes colombianos a territorio de Venezuela
para secuestrar personas, robar aviones, lanchas,
vehículos y atacar puestos fronterizos, además
del tradicional contrabando y tráfico de drogas. Las
agresiones armadas por parte de criminales de derecha y de
izquierda, contra civiles y militares, es cada día
más grave y preocupante. Al número de soldados y
civiles venezolanos y colombianos muertos y heridos,
víctimas de la acción armada de la
narcoguerrilla de izquierda y de derecha, hay que
sumarle el hostigamiento diario que se comete contra la vida
productiva económica y social de la región,
contra trabajadores, productores comerciantes y empresarios
secuestrados y chantajeados con pago de vacunas y
rescates, a cambio de sus vidas y las de sus
familiares.

En los últimos tiempos se han conformado bandas
de delincuencia con ciudadanos de los dos países,
dedicadas especialmente al robo de automóviles,
secuestro, extorsión, narcotráfico,
tráfico de armas y
pertrechos militares. Especialmente a partir del año
2.003, la aviación comercial venezolana se ha visto
diezmada por acciones de la Fuerza
Aérea colombiana que ha derribado varios aviones
pequeños al tratar de llevar coca de Colombia a
Venezuela y a otros países. Las estadísticas de las autoridades
colombianas muestran que año tras año las
operaciones aéreas no autorizadas desde Venezuela se han
intensificado hacia territorio de Colombia para el transporte
de narcóticos, armas y municiones. Es apenas
lógico suponer que estas actividades delincuenciales son
realizadas por bandas organizadas y no cuentan con el aval de
las autoridades. Sin embargo, queda la duda sobre los controles
que ejercen las mismas y la eficiencia de
los dispositivos militares de los dos lados de la
frontera.

La Guerrilla y el
Narcotráfico:

Aunque este ha sido un problema interno de Colombia,
el mismo ha desbordado sus propias fronteras y para el caso
específico de Venezuela, estos grupos delincuenciales de
izquierda y de derecha, operan en la zona limítrofe,
creando nuevas fuentes de
tensión y conflicto por los continuos hechos violentos
que perturban la estabilidad y la paz social nacional.
Venezuela se ha quejado del abandono de estas áreas por
parte del gobierno colombiano y este a su vez, se queja cuando
el Ejército del país vecino penetra tierras
colombianas en persecución de delincuentes. Es la
violencia que envuelve la vida en la frontera; la presencia de
guerrilleros en Venezuela no es nueva y actualmente
también preocupa la presencia de paramilitares actuando
en la región para explotar criminalmente lo que se ha
denominado las industrias
ilícitas.

El narcotráfico fue una amenaza particular para
Colombia pero su accionar ha crecido de manera alarmante por el
apoyo logístico que recibe de las guerrillas y los
paramilitares asentados en zonas rurales fronterizas, a pesar
de los esfuerzos realizados con ayudas bilaterales y
multilaterales. En los últimos años, esta
frontera ha sido utilizada para sacar droga de
Colombia hacia Venezuela como puerto de exportación a
los Estados Unidos y Europa,
vía aérea o marítima o para el intercambio
por armas.

Los carteles de la droga han conformado toda una
industria
del delito,
apoyada en la organización que tienen la guerrilla y
los paramilitares. Estos ha asumido todas las funciones que
van desde la siembra hasta la exportación y comercialización en dólares o
canjeada por armas. Esta industria criminal se ha transformado
en una transnacional con capacidad de corrupción sobre instituciones y
personajes de otros países como el reconocido Vladimiro
Montecinos en Perú y Fernandiño en el Brasil,
quienes fueron socios de las FARC y les ayudaron a comprar
grandes cantidades de armas y pertrechos militares. Actualmente
Montecinos es procesado en Colombia por el apoyo a las FARC en
la compra de 10.000 fusiles que fueron negociados en Europa y
lanzados en paracaídas en territorio limítrofe
colombo-venezolano.

Diversos ataques y emboscadas a puestos fronterizos
venezolanos, el terror sembrado en productores del campo
venezolano y colombiano y la destrucción del ecosistema
de algunos parques nacionales protegidos por el Estado, en los
que se han detectado sembradíos de amapola a lo largo de
los años, son ingredientes que generan mayor
tensión.

Otro problema coyuntural generado por el conflicto
interno colombiano es la situación de los desplazados;
Venezuela ha recibido solicitudes de refugio en varias
oportunidades y en una ocasión el problema se
suscitó con una población entera de
aproximadamente 3.500 campesinos que huyeron al estado del
Táchira por los ataques de la guerrilla en su
territorio. Esta situación está ligada al tema de
los derechos humanos, pues en repetidas ocasiones, la
población civil ha sido víctima de guerrillas y
paramilitares por su supuesta participación en el
conflicto. No hay que olvidar que según cifras
establecidas por organismos internacionales, en Colombia el
número de desplazados, supera los dos millones y
medio.

Presencia Militar en la Frontera:

En el marco de las soluciones concertadas entre
Colombia y Venezuela se ha insistido prioritariamente en la
necesidad de reforzar militarmente la zona fronteriza
común, debido a que la narcoguerrilla y los
narcoparamilitares actúan en esta a su anchas,
aunque de diferentes maneras pero igualmente su accionar
criminal afecta la política de los dos países e
incluso se ha hablado de la posibilidad de permitir la
persecución de facinerosos de ambos lados de la
frontera, es decir por parte del gobierno Venezolano y el
Colombiano. Esta tesis tomó el nombre de
persecución en caliente pero no prosperó por
asuntos relacionados con el derecho internacional. No obstante,
no se puede negar que las relaciones fronterizas
continúan siendo perturbadas por la persistencia de
fenómenos de violencia.

La Fuerza Armada Nacional Venezolana (FAN) ha
incrementado su presencia en la frontera que comparte con
Colombia, con el fin de repeler ataques de los grupos
guerrilleros de las FARC y del ELN, así como de los
paramilitares que tienen campamentos en territorio Venezolano.
El ejército venezolano en 1.999 contaba con 20.000
militares distribuidos en 105 puestos a lo largo de la frontera
de 2.219 kilómetros para frenar la acción de
contrabandistas y el hampa común. A partir del 2.002 esa
cifra se ha incrementado en forma logarítmica, pero
sólo ellos conocen las cifras exactas.

Colombia ha reajustado su dispositivo militar
permanentemente, pero a partir de la década del 80 del
siglo pasado con mayor énfasis. Se activó la
Primera División del Ejército con sede en Santa
marta, la Segunda División en Bucaramanga, la Brigada
No. 17 en Arauca, la Brigada Blindada en la Guajira, el Comando
Aéreo de Combate en Barranquilla, se instalaron radares
en la Guajira, se activó un batallón de
infantería mecanizada, la Armada Nacional mejoró
sus recursos y activó la aviación naval; en fin,
el mejoramiento de las Fuerza Militares colombianas ha
dependido de su situación política interna y de
la situación política de Venezuela y de los
cambios en el aparato militar de su potencial enemigo.
Definitivamente los que ganan con estas locuras son las grandes
empresa que
venden armamento y equipó militar, especialmente
norteamericanas, israelíes, brasileras, surafricanas,
rusas, chinas, alemanas y otras europeas.

Chávez respalda el proceso de paz en
Colombia

Venezuela apuesta al proceso de paz en Colombia como
la mejor forma para resolver un conflicto que no le es ajeno ni
por los secuestros y extorsiones de delincuentes colombianos en
contra de hacendados venezolanos en la frontera, ni por las
recientes amenazas de los paramilitares colombianos. Al
facilitar su territorio para encuentros del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) con el gobierno y con la
sociedad civil, el presidente Hugo Chávez ha ratificado
su intención de convertirse en protagonista del proceso
de paz colombiano. Lo motiva el interés por resolver un
conflicto que podría terminar contaminando a Venezuela
pero también su deseo de catapultarse como líder
regional. Chávez se opone firmemente a una
intervención militar en Colombia por dos razones: 1- el
temor de agudización del conflicto 2- el riesgo de
desestabilización política en Venezuela con
efectos colaterales en otros países de la región.
A partir del mes de agosto de 2.007 el Presidente Chávez
pasó a ocupar los titulares de los principales diarios
del mundo por su nuevo papel de mediador para un posible
intercambio humanitario entre secuestrados por las FARC y
presos de esa agrupación irregular, propuesto por el
gobierno de Colombia.

Ecuador: Un respeto a la
tesis de no intervención

Esta frontera se extiende a lo largo de 586
kilómetros, los cuales sirven de límite entre dos
departamentos y trece municipios en Colombia y tres provincias
y veinte municipios en Ecuador.

Algunos hechos relevantes entre estos dos
países son los siguientes: en 1.916 se firmó el
Tratado Suárez-Vernaza que fija límites
terrestres y marítimos. En 1.989 se hace pública
la Declaración Barco-Borja para crear la Comisión
de Vecindad e Integración. En 1.990 se firmó el
Convenio sobre tránsito de personas, vehículos y
embarcaciones. En 1.996 se creó la Comisión
Binacional de Fronteras (COMBIFRON) para el intercambio de
información e inteligencia militar. En 1.998 se
activó el Comité Binacional de Control, Seguridad
y Vigilancia Fronteriza. En 1.998 se firmó el Acuerdo
sobre Derechos Humanos, Asentamientos en Frontera y Asuntos
Laborales y Migratorios. En 1.999 los paramilitares asesinaron
en Ecuador al diputado de izquierda, Jaime Hurtado, invitado
por las FARC al Caguán. En septiembre 11 del mismo
año un grupo armado secuestró en la provincia
ecuatoriana de Sucumbíos a 12 europeos y al ser
acusadas, las FARC negaron su autoría. En 2.001 enero 11
se presentó un enfrentamiento armado entre militares
ecuatorianos y guerrilleros colombianos en Puerto El Carmen. En
enero 25 las FARC atacaron por cuarta vez el Oleoducto
Trans-ecuatoriano en la vía Lago Agrio-Balao. En febrero
23 del mismo año capturaron un guerrillero de las FARC
intentando comprar armas en Quito. En
noviembre de 2.002, se desmanteló un campamento
guerrillero en Bermejal. En noviembre 19 se capturó en
Ecuador una banda procedente de Colombia con 2,4 toneladas de
coca, incluido un coronel ecuatoriano. En 2.007
continúan las escaramuzas entre los dos países
por actividades de las FARC y los paramilitares en la frontera
y en territorio ecuatoriano.

Los pocos destacamentos militares de Colombia que
había en la frontera a finales de la década del
90 -en Candelilla de la Mar, en el Pacífico, y otro en
Puerto Ospina, sobre el río Putumayo- fueron retirados.
Ataques de las FARC contra guarniciones como Las Delicias y
Coreguaje en Putumayo y Puerres en Nariño, llevaron a
los militares a cambiar de táctica. "No queremos tener
bases fijas, están revaluadas. Nuestro sistema
operativo es móvil", había dicho entonces el
general Carlos Alberto Fracica, director de Inteligencia del
Ejército.

Pese al esfuerzo de las autoridades por bajar los
índices de criminalidad en las ciudades fronterizas
ecuatorianas, se dispararon las actividades de
narcotráfico; así lo demostró el decomiso
de unas 20 toneladas de coca en la costa pacífica
colombiana y la destrucción en 2.002 de cinco
campamentos de la guerrilla en territorio ecuatoriano, uno de
ellos, según el comandante de la cuarta División
del Ejército Ecuatoriano, con capacidad para albergar a
400 hombres y con sistemas de
comunicación satelitales. Sin embargo, la
fórmula estaba lejos de ser perfecta, entre otras, por
la desconfianza que existe entre las fuerzas militares de las
dos naciones. A pesar de que la COMBIFRON con Ecuador -esquema
de cooperación militar- fue la primera en entrar en
funcionamiento, uniformados colombianos aseguraban en ese
tiempo que no había tenido mayor fluidez e incluso
había quienes dudaban en compartir información
por los escándalos en los que aparecieron involucrados
algunos militares ecuatorianos por presunto tráfico de
armas y municiones para las FARC. La relación entre los
dos países ha pasado por tiempos azarosos.

El repentino y frecuente cierre del puente fronterizo
Rumichaca, el pedido de mantener una faja de 10
kilómetros en la que no se fumiguen cultivos
ilícitos, la incomodidad por los desplazados colombianos
copando las calles y los brotes de xenofobia son
síntomas de descontento entre los ecuatorianos. Pero hay
también factores que han contribuido a amortiguar esos
efectos de la guerra: unos férreos vínculos
históricos entre las poblaciones indígenas y
negras de ambas naciones y una relación de fraternidad
entre los habitantes de la frontera, un intercambio comercial
de casi 1.200 millones de dólares al año, que
hace de Ecuador el tercer socio de Colombia.

Según la Cancillería colombiana, es en
esa frontera donde la tarea de integración está
más avanzada. A diferencia de lo que no se ha logrado
con los otros vecinos, ya se dio inicio al Plan de Desarrollo
Binacional -establecido por canje de notas diplomáticas
-que debe llevar a una legislación común en
cuanto al uso de todo tipo de bienes y
servicios y a la convalidación de estudios, entre otras
actividades.

Desde la Constitución de 1.991, Colombia ha
avanzado mucho en una legislación en favor de las
minorías étnicas. En los últimos 35
años el Estado ha destinado 234 mil millones de pesos a
adquisición y mejora de tierras indígenas. La ley
715 del 2.001 determinó entregar a los resguardos el
0,52 por ciento de las transferencias. En el 2.002, se les
asignaron 57.300 millones de pesos. Pero, como lo acepta
Planeación Nacional, en Los Pueblos
Indígenas de Colombia (2.002) -el estudio más
reciente y completo sobre la cuestión- "las
políticas públicas en materia de
indígenas no suelen considerar a los que viven en las
zonas de frontera". Se ha ampliado la cobertura en
educación primaria, pero la pobreza es tal que la
deserción es muy alta, y hay quejas porque la
educación no toma en cuenta las particularidades
indígenas.

Con el 70 por ciento de selvas y sabanas casi
intactas, los territorios indígenas fronterizos ocupan,
según constata Planeación, "el mayor remanente de
ecosistema originario y de biodiversidad" sujeto a presiones colosales.
Buscadores
de oro en el
Guainía, petróleo en Putumayo y Arauca, tala de
madera en
Chocó y Amazonas, vastos frentes cocaleros que avanzan
desde Guaviare y Caquetá hacia Vichada y Vaupés,
se combinan con abusos de los grupos armados, reclutamiento, desplazamiento, miseria y
abandono inmemoriales.

En la frontera colombo-ecuatoriana el panorama es
crítico y en los últimos años los
problemas se han incrementado. El ejército de ese
país disponía en 1.999 de aproximadamente 400
hombres en un batallón de infantería en la
fronteriza ciudad de Tulcán y dos
compañías en El Oro y Lago Agrio. En esa zona
opera el bloque sur de las FARC, que utiliza la frontera para
el tráfico de insumos, drogas, explosivos y armamento.
Las fumigaciones a cultivos de coca y amapola en esta zona no
han solucionado la situación y el presidente Rafael
Correa impetró una denuncia en la Haya contra Colombia
por los daños colaterales que según se afirma, no
acaba con los cultivos ilícitos y si con los de pancoger
de los campesinos ecuatorianos. Continuas notas entre
cancillerías han tenido lugar entre 2.006 y 2.007 sin
que la solución definitiva al problema se
avizore.

La tesis de neutralidad de
Ecuador

En Ecuador ha hecho camino la tesis de no
intervención en Colombia y menos la intención de
adherirse a ningún plan continental para atacar a la
guerrilla. El Gobierno ecuatoriano, había dicho que lo
único que haría, sería reforzar la
vigilancia militar en la frontera para evitar que cualquier
grupo armado, sea insurgente, delincuencial o paramilitar,
tratara de diversos modos de penetrar el territorio
ecuatoriano. Y es que más allá de lo formal, el
Ecuador no deseaba verse involucrado, de ninguna manera, en un
conflicto al que teme. Sin embargo, muchos críticos
opinaron que al permitir una base estadounidense en Manta, ya
se había involucrado.

Los secuestros en territorio ecuatoriano exasperaron
los ánimos. A raíz del plagio de 12 extranjeros
en 1.999 veinticuatro horas después, Venezuela
también reacciono. El alto gobierno anuncio que todo
colombiano que aspire a trabajar en fincas o empresas en su
territorio será carnetizado. La medida pretendía
evitar la infiltración de guerrilleros y garantizar la
seguridad en el área. Pero más allá de las
amenazas de Carlos Castaño -jefe de los paramilitares-
de las incursiones de las FARC en la Amazonia ecuatoriana y del
miedo que estos actos produjeron entre la población,
surge una pregunta: ¿Colombia y sus vecinos están
en capacidad de controlar 6.341 kilómetros de fronteras
naturales y contrarrestar la amenaza paramilitar y
guerrillera?

"Es imposible para Colombia y para cualquier
país vecino hablar de un control del cien por ciento de
las fronteras, cuando esos lugares son selváticos, las
condiciones y la lejanía del territorio no permiten que
haya grandes bases militares y menos, apoyo rápido y
eficaz" (CADENA: 1.999). Germán Castro García y
Jorge Puentes Soto, militares en retiro, en un documento
titulado "Los verdaderos responsables de la inseguridad
nacional", afirman que Colombia nunca se ha preocupado por
montar una infraestructura que le permita defender dignamente
sus fronteras. "es evidente que ante los desafíos de la
subversión no hay dinero para
la defensa ni para las obras de frontera que nos permitan
mantener nuestra dignidad".

A juicio del general Rafael Hernández
López, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares de
Colombia en 1.999, "cada país debe responder por la
seguridad de su área limítrofe". Pero la realidad
es, según dicen otros expertos, que el accionar de
paramilitares y guerrilleros en zonas de frontera supera la
capacidad de los estados para proteger sus líneas
divisorias. Al comenzar el nuevo milenio (2.000) en los
más de 6.000 kilómetros que Colombia
compartía con sus países vecinos operaban 71
frentes guerrilleros -con cerca de 15.000 combatientes- y 45
grupos de autodefensas -que totalizaban cerca de 12.000
efectivos-(HERNÁNDEZ:1.999).

Esta amenaza armada, unida al narcotráfico y al
creciente accionar de la delincuencia común
pretendía ser controlada, en el caso colombiano, por
menos de 30.000 efectivos militares y policiales. Esta fuerza
estaba dotada con fusiles, morteros, cañones de limitado
alcance y no más de 100 vehículos, a los que
escasamente se les hacía mantenimiento. Eso sucedía a finales de
la década de 1.990 pero la activación del Plan
Colombia propició la llegada de nuevas armas,
helicópteros, lanchas, vehículos terrestres y
activación de nuevas unidades de soldados
profesionales.

Cuando el presidente Lucio Gutiérrez
llegó al poder en el 2.003, Ecuador pasó a ser,
entonces, aliado de la estrategia estadounidense y colombiana,
al aceptar la consolidación de una base militar
extranjera y al insertar su futuro a la visión de
Estados Unidos para la región. Los tres últimos
gobiernos respondieron con mayor militarización en la
frontera con Colombia, cuyo pie de fuerza militar superaba en
el 2.003 los 12 mil hombres, la más alta cifra de
concentración de tropas en la historia de Ecuador. El
centro gravitacional estratégico de las Fuerzas Armadas
había sido desplazado a Colombia de manera irreversible.
A pocos kilómetros de allí, en la Amazonía
brasileña, los Estados Unidos pretendieron apoderarse de
la base de Alcántara, pero el gobierno local se
resistió a cederles esa zona y la controlan ellos
mismos.

Ecuador activó un Plan de Defensa Interna que
pretendía ubicar 10.000 efectivos más y una
unidad helitransportada a menos de 100 kilómetros de la
frontera. Para ello, E.U. también donó 18
helicópteros en el marco de la Iniciativa Regional
Andina. El sistema parece
haber logrado algún control gracias a que los batallones
móviles antinarcóticos del Plan Colombia han
estado operando en la zona. Cuando terminen de asentarse los
nuevos soldados ecuatorianos y sus equipos, habrá que
revisar entonces si la presión de Estados Unidos y la
colaboración de Colombia y Ecuador logran cambiarle la
cara a la frontera y darle un giro al que hasta ahora es
considerada el eslabón más débil del
vecindario.

Brasil: si hay problemas fronterizos pero no son
nuestros

Los 1.645 kilómetros de frontera limitan con
tres departamentos y cinco municipios en Colombia y un estado y
cinco municipios en Brasil. El concepto de la
cancillería brasileña resume así la
visión de su país: "Para nosotros, lo que hoy es
llamado como problema colombiano es sin duda un
problema, pero está lejos de ser considerado una amenaza
para nuestro país". La idea oficial es que se trata de
un problema interno y debe ser resuelto por los colombianos.
Brasil se opone tajantemente a cualquier forma de
intervención militar en Colombia y ya le anunció
a los Estados Unidos que solo intervendrá con fuerzas de
paz -no de combate- si el gobierno colombiano lo pide muy
claramente. Brasil se niega a ser empujado a una guerra en la
que, dicen, "seria fácil entrar pero difícil
salir" y se opone a patrocinar un mayor intervencionismo
estadounidense.

Completa el cuadro de los efectos del conflicto
colombiano la tragedia de los refugiados, cuya magnitud, objeto
de diversas estimaciones es, en cualquier caso, notable y
creciente y ha generado peligrosos procesos de xenofobia. La
respuesta ha sido un aumento notable en el pie de fuerza
fronterizo del vecindario, en parte gracias a la Iniciativa
Regional Andina. Con los cinco países limítrofes,
Colombia ha organizado las llamadas COMBIFRON, dedicadas al
problema de seguridad. Brasil se ha blindado por su cuenta y
está estrechando la cooperación. Sin embargo,
actitud
reactiva y desconfianza mutua son la norma y por eso es urgente
diseñar e implementar una política de seguridad
regional, construyendo una verdadera política de
fronteras.

Insisten, como lo dijo un alto responsable de
inteligencia, en la necesidad de una ley de seguridad de
fronteras. Puede debatirse qué tan grande es la amenaza
que el conflicto colombiano representa para la región.
Pero una cosa parece fuera de toda duda: las fronteras siguen
siendo lugares lúgubres y después de casi un
siglo de abandono, hoy es, paradójicamente, la guerra la
que las está sacando del olvido.

En lo militar Brasil dispone de una brigada en la
población de Tabatinga, con 8.000 militares
aproximadamente, cuatro bases aéreas relativamente
cercanas y un puesto fluvial en el Amazonas. Con esta fuerza
controla las esporádicas incursiones de la guerrilla,
que utiliza la frontera para el tráfico de armas, de
material de intendencia, drogas y alimentos.
Estos destacamentos fronterizos dependen de Manaos, la capital
del estado brasileño de Amazonas.

Tabatinga es la última escala, el
último punto limítrofe brasileño con
Colombia, en el extremo sur de los 1.640 kilómetros de
frontera común. Una desdibujada callejuela, la separa de
Leticia, capital de la provincia de Amazonas en Colombia. Entre
las dos hay un abismo cultural. Del lado brasileño solo
se habla portugués, del colombiano, español. Los 30 mil habitantes de esta
ciudad -que se completan con 10.000 indígenas- tienen
cuatro fuentes de empleo: la Alcaldía, las Fuerzas
Armadas, la Policía Federal y el narcotráfico.
Unas 2.000 personas viven de la explotación pesquera,
aunque también transportan droga escondida dentro de las
barcazas. EN 2.002 tropas especiales del ejército fueron
desplegadas desde Río de Janeiro para combatir al
narcotráfico. Se trataba de 1.100 hombres especialmente
reclutados de las principales unidades del ejército,
denominada Brigada de Operaciones Especiales (BOPE), con sede
en Goiania con poder de policía para realizar acciones
de comando, antiguerrilla.

El principal aporte brasileño al negocio del
narcotráfico son los pilotos y la flota aérea. En
bimotores se transporta la cocaína pura hacia el
Atlántico. Los aviones cruzan la selva del Amazonas, con
escalas en pistas clandestinas brasileñas, hasta
Surinam, la ex colonia holandesa. De Surinam, poblado por
300.000 habitantes, la droga sale en los barcos cargueros
holandeses, que abastecen el consumo
europeo. ¿Por qué Holanda no los reprime?-Hay un
problema político. Surinam vive del comercio con
Holanda. El ingreso del país es de U.S. $ 1.400 millones
al año que provienen en 90% del tráfico de droga.
Este es un caso típico de la nueva geopolítica
que muestra como el desarrollo continuo de la economía global
terminará por socavar el Estado-Nación y favorecerá la
región. Esto representa un anatema para aquellos que
creen que un estado grande, centralizado, es la única
vía para dirigir la política, la sociedad, la
economía y la cultura (OHMAE: 2005).

Perú: Una extensa y selvática
frontera en el abandono

Con una extensión de 1.626 kilómetros,
dos departamentos y tres municipios de Colombia, un
departamento y dos municipios del Perú, población
peruana de 919.505 personas y colombiana de 436.371 esta
selvática frontera presenta las condiciones favorables
para construcción de pistas clandestinas y comercio de
insumos para el procesamiento de drogas
ilícitas.

En tiempos del presidente Alberto Fujimori se
tomó en serio la "amenaza" que representaba el conflicto
interno que vive Colombia y en tal virtud incrementó de
100 a dos mil los militares que aseguraban la frontera
después de los acuerdos de paz con Ecuador. El gobierno
peruano justificó la movilización por la
posibilidad de que el problema colombiano se desbordara. Sin
embargo, algunos analistas, dijeron en ese tiempo que el
Gobierno sobredimensionaba el tema, para garantizar el
protagonismo de los militares, quienes habían pasado a
un segundo plano luego del acuerdo de paz con
Ecuador.

Otros argumentaban que gracias a la estrategia anti
subversiva de Fujimori, Perú se había salvado de
llegar a los niveles de violencia que hoy azotan a Colombia. El
asunto fue favorable para Fujimori quien preparaba su segunda
reelección. El 63% de la población apoyó
las medidas de protección de las fronteras.

El gobierno de Perú cuenta con un puesto
fluvial, tres batallones de infantería y un grupo de
artillería cercanos a la frontera que dependen de una
división de selva en Iquitos. En total, Perú
tiene 2.500 militares en la frontera con Colombia, incluyendo
una compañía de la Guardia Republicana. En la
frontera peruana está latente la amenaza del bloque sur
de las FARC y las incursiones continuas de las bandas de
narcotraficantes de ambos países que han sido socios por
muchos años.

La selva amazónica en esta frontera tiene dos
caras. Una es la del turismo de aventura, del
que gozan americanos y europeos, cansados de la vida
confortable en sus países de origen. Otra es la de la
miseria y la violencia que sufren, día a día
quienes viven en la región en forma
permanente.

Panamá: Con muchas amenazas y sin
ejército

Con una extensión de 225 kilómetros, su
frontera va del Atlántico al Pacífico; Los
límites con Colombia se materializan por un departamento
y tres municipios, y por Panamá con dos departamentos y
cuatro municipios. Esta frontera es un caso especial. Ese
país no tiene ejército y el control ciudadano
está a cargo de 1.500 hombres de la Guardia
Nacional.

Las actividades más relevantes entre los dos
países pueden resumirse así: en 1.903
Panamá se separó de Colombia. En 1.914 se
celebró el Tratado Urrutia- Thompson, por el cual
Colombia reconoció la independencia de Panamá.
Estados Unidos se comprometió a pagarle 10 cuotas de
250.000 dólares. En 1.924 se firmó el Tratado
Vélez-Victoria que delimitó la frontera
terrestre. En 1.976 se legalizó el Tratado
Liévano-Boyd, sobre límites marítimos. En
1.992 se firmó un acuerdo mediante el cual
reconoció Panamá a los refugiados colombianos la
figura de ‘protegido humanitario’ temporal. En
marzo del mismo año se creó la Comisión de
Vecindad Colombo-Panameña. En 1.997 primero de abril las
FARC asesinaron a cuatro personas en La Bonga y Titiná
(Panamá). En noviembre 15 del mismo año, las FARC
asesinaron a un policía en Boca de Cupe. En 1.998, se
firmó el Acuerdo de Asistencia Mutua sobre
Tráfico de Estupefacientes. En 1.999 abril 20 las FARC
atacaron la población de Sapzurro. En noviembre del
mismo año, paramilitares hostigaron a la Policía
panameña en el hito fronterizo. En diciembre 12 una
cruenta toma de las FARC a Juradó provocó un
masivo éxodo de civiles a Jaqué (Panamá).
En octubre del 2.000 las FARC atacaron La Darienita de Nazaret
(Panamá). Entre septiembre y octubre descubrieron en
Panamá varios arsenales destinados a Colombia. En 2.002
diciembre 18 los presidentes de ambos países acordaron
reiniciar reuniones bilaterales. En 2.003 enero 18,
paramilitares asesinaron a cuatro autoridades indígenas
kuna, en las aldeas fronterizas de Paya y Pucurú. En
abril 11 del mismo año, se firmaron la Directiva y el
Manual de
Procedimiento
Operativo de la COMBIFRON, entre funcionarios de ambos
países, y el Tratado de Cooperación Policial. En
abril 21del mismo año 109 desplazados colombianos fueron
deportados desde Panamá a Colombia.

Entre 1.999 y 2.004 Panamá fue gobernada por
Mireya Moscoso quien reemplazó a Ernesto Pérez
Balladares y una de sus primeras acciones de gobierno fue
recorrer la frontera con Colombia. La visita a la frontera de
la recién posesionada presidenta panameña,
demostró que este vecino estaba realmente preocupado por
la creciente penetración de guerrillas y paramilitares
colombianos en su territorio. Moscoso anunció entonces
que se reforzaría los 1.500 policías que cuidaban
la frontera -este país no cuenta con ejército
desde la invasión de Estados Unidos en 1.989- pero las
autoridades panameñas saben que carecen de pertrechos y
entrenamiento
para tener una fuerza con capacidad de defender la frontera y
por eso insisten en una mayor presencia de las Fuerzas Armadas
colombianas. Lo que más preocupaba en ese entonces a
nivel interno, era que el tema pudiera ser utilizado para
justificar la continuidad de las tropas de Estados Unidos
más allá del mes de diciembre de 1.999 cuando
debería hacerse efectiva la devolución del
Canal.

El 31 de diciembre de 1.999 al medio día,
Panamá asumió la administración de la
vía interoceánica. En el Edificio de la
Administración del Canal se congregó el cuerpo
diplomático acreditado en ese país, además
asistieron, con grandes muestras de patriotismo, diversas
organizaciones populares. Esto dio origen al nuevo Ministerio
de Estado para Asuntos del Canal.

Los gobiernos de Colombia y Panamá realizaron
una cumbre bilateral y se comprometieron a velar por la
seguridad de su frontera común. La reunión y la
movilización de tropas se convirtieron en la respuesta a
la amenaza de Carlos Castaño Gil, líder de las
autodefensas, de convertir en objetivo
militar a los miembros de la Guardia Nacional de Panamá
que apoyaran a las FARC quienes en 2006 le enviaron una
carta al
presidente Martín Torrijos en la que lo felicitan por su
política fronteriza en clara muestra de actividad
diplomática internacional.

DIFERENDO
CON NICARAGUA, TOQUE DE CAMPANA

Además de los problemas conocidos en las cinco
fronteras mencionadas, Colombia en la actualidad afronta
problemas con Nicaragua por la delimitación de las
áreas marinas. El antecedente más antiguo es un
tratado suscrito en Managua en 1.928 entre los dos
países que fue declarado nulo por Nicaragua en 1.980
alegando que el mismo se firmó bajo presión
cuando el país estaba bajo ocupación extranjera.
Este Tratado, llamado Bárcenas Meneses-Esguerra, fija la
frontera en el meridiano 82.

Hoy Nicaragua reclama derechos sobre el
Archipiélago de San Andrés y Providencia,
además de algunos cayos, que fueron materia de otro
tratado entre Colombia y Honduras en 1.986. La historia de este
diferendo es larga y refleja rasgos característicos de
la antigua geopolítica. A continuación, algunos
datos necesarios para situar mejor los orígenes y
razones del litigio entre Colombia y Nicaragua.

Colombia suscribió con Estados Unidos el 8 de
septiembre de 1.972 un tratado, conocido como
Saccio-Vázquez Carrizosa. Por él, Estados Unidos
cedía y traspasaba la soberanía de los cayos y
Bancos de
Roncador, Serrana y Quitasueño a Colombia, poniendo fin
de esa manera a lo acordado en las notas Olaya-Kellog. El
tratado de 1.972 provocó una vehemente reacción
en Nicaragua, que de inmediato expresó su firme
oposición. A finales de 1.979 se abrió paso en la
Cancillería de Nicaragua la preocupación por la
defensa de los intereses territoriales del
país.

La Cancillería nicaragüense llevó
la querella territorial a la Corte Internacional de Justicia de
La Haya, mientras el gobierno colombiano reafirmó su
soberanía en la extensa zona y ha reiterado en numerosas
declaraciones su derecho a estos territorios. "Quiero dejar el
problema resuelto al terminar mi mandato", declaró
entonces la Presidenta Chamorro en 1.999 mientras
técnicos y juristas preparaban el camino para que la
resolución sea favorable a Nicaragua.

Ante los reclamos de Nicaragua, la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) anunció la celebración de una
serie de audiencias para examinar sus competencias,
cuestionadas por Colombia. La CIJ, es la máxima
instancia judicial de la ONU y juzga los
diferendos entre Estados, especialmente territoriales. Sus
decisiones son definitivas y sin posibilidad de
apelación, pero no está capacitada legalmente
para obligar a ningún país a ejecutarlas.
Colombia impugnó la competencia de
este tribunal, una objeción recogida en sus "excepciones
preliminares" presentadas en julio de 2.003. Antes que nada, la
Corte deberá estudiar estas cuestiones de procedimiento,
algo que podría tomar un largo tiempo, y
únicamente si se declara competente podrá
estudiar a fondo el caso.

En concreto, Nicaragua solicitó en diciembre de
2.001 al Tribunal que reconociera su soberanía sobre
unas islas y territorios marinos en el Caribe Occidental,
reivindicadas por Colombia y ricas en petróleo. El Instituto de Energía
de Nicaragua anunció la apertura de un concurso para una
prospección petrolífera que incluye los
territorios disputados. Por su parte, la empresa
Nacional de Hidrocarburos de Colombia,
ECOPETROL, autorizó a la multinacional noruega
INSEIS llevar a cabo exploraciones en esta misma
zona.

Nicaragua argumentó que un documento firmado en
1.803 tuvo vigencia formal durante escasos tres años y
que ha servido hasta hoy para que Colombia dispute a Nicaragua
islas y cayos que, por geografía y por historia son
parte del territorio centroamericano y más
específicamente, del territorio nicaragüense, pues
se encuentran claramente ubicados frente a sus costas. En
litigio están también los límites de la
plataforma marina -rica en pesca y
minerales–
en la que se encuentran estas islas y cayos. Al llegar en 2.007
por segunda vez a la presidencia de Nicaragua, Daniel Ortega ha
iniciado las reclamaciones con vehemencia y actualmente se
espera el pronunciamiento de la Corte Internacional de
Justicia.

CONCLUSIONES

1- El desinterés del Estado colombiano por sus
fronteras no permite registrar en detalle ni medir los
fenómenos fronterizos en el ámbito municipal y
departamental como unidad de análisis. Así las
cosas, ha sido muy difícil explorar la intensidad y
extensión territorial de los fenómenos
fronterizos. Sólo malas noticias se
conocen en las fronteras colombianas sin que exista una
bitácora con índices reales que permita planear
una verdadera política fronteriza.

2- La lucha que mantiene Colombia con sus focos
guerrilleros desde hace más de cinco décadas, ha
traído inestabilidad y una gran cantidad de muertes a lo
largo de sus fronteras. A esto se añade la
problemática de los paramilitares, los cuales,
conjuntamente con las células
guerrilleras colombianas han sido catalogados como terroristas
por la comunidad internacional y actúan sin recato
alguno, tanto en Colombia como en países vecinos,
obligando en gran medida a estos a involucrarse en los
problemas internos de Colombia.

3- A esta altura del conflicto colombiano, es claro
que las acciones extraterritoriales de los delincuentes, buscan
debilitar al Estado comprometiendo sus relaciones
políticas con los vecinos para tratar de
internacionalizar el conflicto con miras a obtener dividendos.
Se deduce entonces, que a las operaciones militares del Estado
en las fronteras les hace falta el análisis
político para asegurar la victoria y para el
correcto manejo de las relaciones
internacionales en la Región Andina
especialmente.

4- La prioridad en las relaciones entre gobiernos de
países vecinos y Colombia, dentro del marco de la
política Internacional, se manifiesta en encuentros de
Presidentes, Cancilleres, Vicecancilleres y titulares de los
respectivos ministerios,
adelantando acciones para la búsqueda de soluciones a
los problemas que se presentan en las líneas
limítrofes, pero la inexistencia de políticas
claras para el tratamiento de estos temas, convierten esos
encuentros en coyunturales y transitorios sin que en realidad
sirvan para sanar viejas heridas y para proyectar la
región fronteriza como el escenario de lo que
debería ser la puerta de entrada y salida de diferentes
actividades entre países hermanos, libertados por la
misma espada.

5. La frase utópica de "un mundo sin fronteras"
que pregonan quienes creen que la globalización es la solución para
muchos problemas del mundo, no es aplicable en Colombia, pues
las fronteras en pleno siglo XX se constituyen en los
más resistentes muros que aíslan al País
de sus vecinos. Y lo peor es que el Estado continúa de
espaldas a la realidad.

6- Militarizar cualquier frontera tiene sus riesgos
porque soldados bien entrenados listos a vencer a cualquier
enemigo crean una situación de alta tensión en el
área y se corre el riesgo de que cualquier persona que sea
vista en esa zona se convierta en objetivo militar. Las
operaciones militares fronterizas deben ser un medio y no un
fin para lograr el desarrollo y la integración de los
pueblos.

7- La percepción de riesgo regional atribuida
al conflicto interno colombiano se expresa en una preocupante
escalada de la estrategia militar del Pentágono en la
Región Andina observable en la creación de sendos
teatros de operaciones en las fronteras colombianas, la
negociación de soportes militares menos
evidentes en el área y una campaña psico-social
en los ámbitos académicos norteamericanos que
permitan el levantamiento de hipótesis realistas y
encuadren una intervención en coalición
enfatizando la corresponsabilidad subregional sobre el
tema.

8- La Orinoquia y la Amazonia colombianas han tenido
presencia histórica de las FARC dada su ubicación
estratégica para el tráfico de drogas y de armas
por los ríos hacia Ecuador, Perú, Brasil y
Venezuela. Adicionalmente, recibe los efectos de las estrategias de
seguridad nacional aplicadas en los departamentos vecinos
(Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo),
específicamente del Plan Patriota y del Plan Colombia en
su componente de erradicación forzada por
aspersión aérea.

9- Las zonas de frontera colombianas del sur-oriente
se están configurando como la manifestación de
ineficacia de las políticas de seguridad, en la medida
en que en estos territorios no se han mejorado los niveles de
protección de la vida e integridad personal de sus
habitantes en los que, la presencia de la fuerza pública
en décadas anteriores no ha sido permanente ni
significativa y, por ende, han sido vulnerables a los
mecanismos de regulación social, económica y
territorial impuestos por
los grupos armados irregulares; han sido susceptibles de
vincularse a redes del
narcotráfico y otras formas del crimen
organizado ante la ausencia de proyectos de desarrollo
regional. Allí el poder formal es superado por el poder
real de los violentos.

10. Tradicionalmente en América del Sur las
    fronteras han sido concebidas como espacios de seguridad por
    parte de los Estados. En la región andina la prioridad
    desde hace muchos años es fortalecer la presencia
    militar para prevenir o contener la expansión del
    conflicto armado colombiano hacia los países vecinos y
    para tratar de lograr el control territorial por parte del
    Estado colombiano. Esta concepción ha dejado de lado, en
    la política pública de los Estados, el
    carácter urgente de la ayuda humanitaria en regiones
    fronterizas y las necesidades de protección de la
    población civil que huye de la confrontación
    armada hacia los países vecinos. ¿Cuando
    entenderemos que las fronteras deben unir y no separar a los
    pueblos hermanos?

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José Luis Cadena Montenegro, Ph.D

Geógrafo y Politólogo colombiano,
Profesional en Ciencias
Militares. Magíster en Ciencia
Política, Universidad de los Andes; Magíster en
Planeación Socioeconómica, Universidad Santo
Tomás; Magíster en Geografía y Ordenamiento
Territorial, convenio UPTC-IGAC. Doctor en Geografía,
Universidad Nacional Autónoma de México,
especialidad en Geopolítica. Presidente de la
Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE), Miembro
de la Asociación de Historiadores de la Ciencia y
la Humanidades, México, Miembro del Instituto de
Política y Democracia, Brasil, Consultor internacional en
Defensa y Seguridad. Ensayo escrito
y revisado en septiembre de 2.007. Comentarios a: jlcadenam@
yahoo.com.

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